(Parte del equipo periodístico de Univisión Data. Fotografía de archivo particular)

 

Una investigación de Univisión Data deja al descubierto las injusticias en el sistema de defensa público de Costa Rica. El trabajo, titulado Abogados de los pobres, revela cómo los costarricenses sin suficiente dinero para contratar un abogado tienen mayores probabilidades de condena si su caso cae en manos de uno asignado por el Estado. Los periodistas llegaron a esa conclusión después de construir una base de datos fruto de la revisión de 8.000 sentencias en las que se procesaron 11.000 delitos.

Además de sus revelaciones, este proyecto periodístico está dando de qué hablar por el innovador método que el equipo empleó para analizar los datos. Se trata de la metodología de regresión logística, propia de las ciencias y casi nunca empleada para fines periodísticos.

En esta investigación también trabajaron periodistas de siete medios latinoamericanos, que exploraron cómo funciona el sistema de defensa pública en sus países.

Conversamos con el periodista de datos y miembro del equipo de Univisión Alejandro Fernández, uno de los cerebros detrás de la construcción de la base de datos, para conocer cómo sacaron adelante un trabajo de esta magnitud.

¿En qué consiste el método estadístico de regresión logística al que recurrieron para llegar a las conclusiones que revela este trabajo?

Ese método se utiliza en las ciencias cuando se quiere saber cuáles variables podrían explicar o influir en un resultado específico. En nuestro caso, inicialmente el resultado que nos interesó es si una persona en Costa Rica termina condenada o no en un proceso penal y cuánto de ese resultado se explica en si su defensor es público o privado.

Muchas otras variables influyen en si alguien termina condenado o no. Por eso, nuestro modelo intenta determinar la influencia específica del tipo de abogado, pero también del tipo de delito que se acusa; los años de experiencia de los abogados defensores, jueces y fiscales que participan en el proceso; el género de la víctima y el del imputado; si el proceso judicial es ordinario o abreviado y si el acusado es nacional o extranjero.

En una situación ideal, el método trata de separar de muchas otras variables el efecto que puede tener el tipo de defensor en el resultado de un proceso penal, para conocer su influencia “pura” en la condena o no de una persona.

No asumimos que tenemos el efecto totalmente “puro” del tipo de defensor, reconocemos limitaciones y la necesidad de investigar más, pero sumando los resultados estadísticos con el reporteo periodístico “de calle”, tenemos claros indicios que permiten afirmar que el servicio de la Defensa Pública de Costa Rica podría aumentar la probabilidad de condena de las personas de bajos ingresos en ciertos tipos de delitos.

Ese método es tan útil que nos permite ofrecerle al lector un interactivo en que él “toca” cada variable y puede saber cómo cada una de ellas afecta la probabilidad de condena.

(Lea más detalles de la metodología aquí)

¿Cómo fue el proceso de construir desde cero una base de datos inédita sobre los defensores públicos de Latinoamérica?

Hay que aclarar que no creamos una base de datos para toda América Latina. Hicimos una para Costa Rica, pues en ese país, dichosamente, nos dieron acceso directo a todas las sentencias  de un tribunal penal muy importante de San José, la capital. (Consulte aquí la base de datos completa).

Al darnos cuenta de nuestros resultados y de que tristemente nadie en América Latina había hecho una investigación como esta, decidimos hacer alianzas con otros 6 medios para explorar en otros países cómo trabajan y viven (sufren) sus procesos los defensores públicos y sus defendidos. Ahí encontramos historias sumamente preocupantes, dramáticas, que siguen confirmando lo mismo: en América Latina el pobre, por ser pobre, tiene una defensa legal de segunda categoría. En nuestros países se administra injusticia.

La construcción de la base de datos se inicia en 2012. Empezamos dos personas, desde mi apartamento de aquel momento en Chicago, leyendo una por una las sentencias. Se extrajeron, a mano, aproximadamente 25 variables de cada documento. Cuando fuimos avanzando y vimos que los documentos tenían potencial para lo que buscábamos, hicimos dos cosas:

–  Creamos un cuestionario formal en Google Docs, como los que se usan para realizar encuestas virtuales, y así estructuramos y formalizamos el proceso.

–  Tratamos de convencer a abogados y periodistas de que nos ayudaran; evangelizamos, si se quiere, sobre la relevancia del tema y de lo que podríamos conseguir. Así el grupo creció hasta una 10 personas que en total nos dedicamos, poco a poco, a recorrer cada una las sentencias.

Cuando todo estaba tabulado (un proceso de cuatro años, en nuestro tiempo libre) buscamos el apoyo de un centro de investigación muy prestigioso en Costa Rica, llamado Estado de la Nación. Ellos cuentan con un aparato institucional familiarizado con la construcción y depuración de bases de datos. Hicimos depuraciones, limpieza, la mayor cantidad de controles cruzados posibles (hicimos web scraping con datos del Colegio de Abogados de Costa Rica, por ejemplo) y durante el último año trabajamos con ellos para, finalmente, obtener la mejor base de datos disponible en Costa Rica para hacer este estudio.

Cuando deben construirse bases de datos desde cero, ¿qué recomendaciones deben tener en cuenta los periodistas para no cometer errores de metodología y análisis estadísticos que lleven a conclusiones erradas?

Es clave tener una hipótesis y marco teórico apropiados. Con ese mapa podemos anticiparnos para saber qué requerimos estructurar y cómo queremos hacerlo para que las computadoras puedan hacer el análisis. Se debe tener clarísima la pregunta de investigación que queremos responder. No se puede diseñar bien una base de datos para responder una pregunta de investigación sin realmente conocer la teoría de un fenómeno social a investigar.

Por eso, quienes nos dedicamos a la investigación periodística debemos tener la disciplina y la humildad necesarias para aceptar que urge introducir el método científico en nuestra labor diaria. Debemos aspirar a ser científicos sociales. La ciencia es la que nos permite llegar a conclusiones de peso para la sociedad con procesos transparentes y claros, que puedan ser sometidos al escrutinio público.

¿Cuántos profesionales hacen parte del equipo detrás de este trabajo periodístico y de qué disciplinas provienen?

Todo el proyecto a nivel latinoamericano implicó el trabajo de al menos 41 personas.

En Univision Data somos dos periodistas de investigación con datos (Ronny Rojas y yo) y un developer (Antonio Cucho, especialista en informática). Hicimos los reportajes de Costa Rica junto a Hulda Miranda, periodista de investigación en Costa Rica, del Semanario Universidad, enfocada en conseguir las historias humanas y reporteo de calle junto a mí.

Quienes hicimos el estudio cuantitativo (la base y el modelo) fuimos Andrés Fernández (economista y estadístico), Daniel Salazar (periodista) y yo (data journalist).

Ahí sumamos 6, solo para Costa Rica, pero hay que agregar a 5 diseñadores y gestores del proyecto (project manager, infografía, interactivos, etc.) y a 14 personas que participaron en la construcción y depuración de la base. Son 25. Si sumamos a los reporteros, editores y fotógrafos de los medios aliados, sumamos 16.

¿Cómo fue la metodología de trabajo para establecer comunicación frecuente y tiempos de entrega entre periodistas trabajando desde distintos países y en contextos diferentes?

Tuvimos llamadas con cada uno de los medios para la explicación inicial hace unos cinco meses. Luego hicimos un cronograma. Después pactamos llamadas de seguimiento para ver el cumplimiento de  las metas y finalmente el editor general del proyecto, Ronny Rojas, enfocó un par de historias en las que había que hacer llamadas y compartir varios mensajes al día, todo con el fin de profundizar y pulir el enfoque.

El trabajo de edición fue muy costoso en cuanto a tiempo, pero era necesario para obtener las mejores historias.

¿Qué obstáculos encontraron durante las peticiones de información hechas durante esta investigación?

La base de datos de las sentencias fue solamente para Costa Rica. No fue difícil que nos entregaran esas sentencias, lo que costó muchísimo fue la construcción de la base de datos a partir de los documentos escritos. Lo más grave es que no pudimos encontrar un solo país cuyo aparato estatal generara, por iniciativa propia, datos que permitan comparar el rendimiento de los defensores públicos y privados.

Si el fin de los defensores públicos es garantizar que quienes no tienen dinero para pagarse su abogado (los pobres) tengan una defensa digna y sin desventaja por su condición de vulnerabilidad, ¿cómo pueden verificar las defensas públicas su rendimiento si no se comparan con el sector privado? Hay un problema muy serio que nosotros apenas estamos empezando a abordar en la región.

Este vacío de información que denunciamos explica que, mientras en EE.UU. hay al menos 13 investigaciones que hagan tal comparación, en América Latina no encontramos una sola. Por eso, el estudio en Costa Rica es pionero. Nos gustaría encontrar apoyo para hacer lo mismo en otros países de América Latina. La prensa y los centros de investigación han ignorado ese tema sistemáticamente.

En el caso chileno, tardaron mucho en dar información sobre los casos que llevan empresas privadas dedicadas a dar servicios a los pobres. En el peruano, hubo muchas dificultades para conseguir detalles de los contratos de defensa legal privada que paga el Estado (con fondos públicos) a militares acusados de violaciones de Derecho Humanos, mientras las víctimas de ellos deben luchar por un abogado.

¿Cree que trabajos de este alcance reflejan que el periodismo de datos latinoamericano ya está en una etapa más madura que años atrás?

Estas investigaciones reflejan que en América Latina podemos abordar temas complejos con métodos complejos y rigurosos. Estamos haciendo ciencia. Estamos pasando de lo descriptivo a lo analítico. Y no lo hacemos solo por ser cool o sofisticados, lo hacemos porque la pregunta que nos planteamos desde un inicio requiere dar ese paso extra. Así logramos agregar más valor a nuestros lectores.

La regresión logística es una herramienta sumamente común en las ciencias sociales, en los ámbitos académicos, pero por alguna razón nadie la usa en las salas de redacción de América Latina.

Pero el proyecto también refleja que en una región con tanta injusticia y mala gestión pública, solamente unidos los medios podemos armar un argumento sólido y fuerte a nivel regional. La investigación de Costa Rica se hubiera quedado muy corta si no le unimos las dramáticas historias de injusticia que construyeron nuestros medios aliados.