Foto: Oxfam

El más reciente reporte de la ONG Oxfam sobre los dueños de la tierra en América Latina, publicado la semana pasada, muestra que en esta región la mayor porción de los territorios productivos le pertenece a menos del 1% de la población. Ese indicador convierte a Latinoamérica en el continente con mayor nivel de acumulación, incluso por encima de Europa y Asia.

Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina es también un compendio sobre los retos que afronta el periodismo al investigar y narrar uno de los grandes problemas sin resolver de esta región: la extrema desigualdad en el control de la tierra. Se trata de disputas económicas y políticas, cuyos orígenes datan de la Colonia. Las élites de entonces impusieron un sistema de enriquecimiento basado en el latifundio y la explotación laboral, que terminaron sentando las bases de la acumulación moderna en la Latinoamérica rural.

Estos son ocho de los retos que le deja al periodismo el informe de Oxfam.

1. Darle rostro al 1% de privilegiados, que tiene la mayoría del territorio fértil. Tan desigual es la repartición en América Latina que el 1% de las fincas más grandes acapara más tierra agrícola que el 99% restante, según distintos censos agropecuarios.  El país más desigual es Colombia, donde las fincas de más de 500 hectáreas –que representan el 0,4% del total de explotaciones de la tierra– concentran el 67,6% del área productiva.

“Lamentablemente -dice Oxfam-, la opacidad en las transacciones y los obstáculos para el acceso a la información impiden conocer quiénes son los verdaderos dueños de la tierra. Las limitaciones estadísticas tampoco permiten dimensionar la magnitud real de la concentración hoy en día”.

2. Narrar al 80% de los pequeños productores, que ocupa menos del 13% de la tierra. A diferencia del 1% que concentra la mayoría de las áreas productivas, las fincas pequeñas -cuatro de cada cinco explotaciones agrícolas- ocupan en promedio 9 hectáreas en Suramérica y 1,3 hectáreas en Centroamérica.

Explotar porciones de tierra tan pequeñas, dice el informe de Oxfam, aumenta la situación de vulnerabilidad de los campesinos. Y, nuevamente, Colombia repite como país de extrema desigualdad porque el 84% de las explotaciones más pequeñas ocupa menos del 4% de la superficie productiva.

3. Visibilizar a las campesinas, históricamente invisibilizadas. En América Latina, las mujeres representan menos del 12% de la población beneficiada en procesos de reforma agraria. Y cuando han sido incluidas en los fondos de tierra, como parte de las políticas para un acceso más equitativo a estas, han ingresado en función de su estado civil y de su condición de madres, no por ser mujeres productoras o trabajadoras.

La Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas asegura que en Honduras las mujeres apenas poseen el 12% de la tierra; en El Salvador, el 13%, y en Nicaragua ocupan mayoritariamente fincas de menos de 10 hectáreas.

4. Investigar el aumento vertiginoso de la explotación minera y de las élites beneficiarias. El extractivismo en tierras campesinas está en auge desde el año 2000, con el aumento de las explotaciones minera y petrolera por la necesidad de ampliar las reservas mundiales.

Así, Colombia –que es el primer exportador de oro de América Latina– expandió su superficie de explotación minera de 1,1 millones de hectáreas en 2002 a 5,7 millones de hectáreas en 2015. Esto es el 5% del territorio de ese país.

En Perú las concesiones se dispararon de 2,5 millones de hectáreas en 1991 a cerca de 27 millones en 2013 (21% del territorio nacional). Mientras tanto, la demanda internacional de maderables ha generado un auge en la producción forestal en México y los países del Cono Sur, especialmente Chile.

“En síntesis, -dice Oxfam- la tierra se encuentra cada vez más concentrada en menos manos y sometida a un modelo de extracción y explotación de los recursos naturales que, si bien ha ayudado a crecer a las economías de la región, también ha acentuado la desigualdad. Los beneficios de este modelo extractivista se concentran en manos de unas élites”.

5. Denunciar los abusos y despojos contra las poblaciones indígenas y afrodescendientes. El informe de Oxfam alerta sobre la vulneración a los pueblos indígenas, porque una de cada tres hectáreas que se entregan en concesión para la explotación minera, petrolera, agroindustrial y forestal en América Latina les pertenece.

En Argentina, por ejemplo, el 84% de las concesiones para cultivar soja se encuentra en zonas indígenas, mientras que la expansión minera y petrolera en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile ha generado conflictos cada vez más frecuentes y agudos con los pueblos indígenas, porque dichas explotaciones afectan directamente sus herencias ancestrales o terminan alterando las fuentes de agua de las que dependen.

También Colombia ha sido epicentro de vulneraciones sistemáticas a las poblaciones afrodescendientes. Allí, en los territorios de los que esas comunidades fueron expulsadas violentamente, hoy hay grupos empresariales con plantaciones de banano y palma de aceite.

6. Evidenciar la fragilidad de las leyes que permiten la acumulación. Esto es así porque los gobiernos han creado más incentivos y facilidades con el ánimo de atraer mayor inversiones. Buscan convertir áreas marginales en polos de desarrollo agrícola, forestal o ganadero.

En Argentina, por ejemplo, el gobierno del presidente Mauricio Macri eliminó los límites a la extranjerización que contemplaba la Ley de Tierras de 2011. Se calcula que un 6% del territorio nacional en ese país está en manos de extranjeros –aproximadamente 16 millones de hectáreas–, un millón de las cuales están a nombre de propietarios registrados en paraísos fiscales.

En Colombia, por cuenta de una polémica ley recientemente promulgada para crear zonas de desarrollo agroindustrial (Zidres), cualquier corporación nacional o transnacional puede acceder a extensiones sin límite bajo los modelos de concesión o arrendamiento.   

7. Contar las agresiones contra las minorías en su lucha por la tierra. El peor año para los defensores de derechos humanos en Latinoamérica fue 2015 con 122 asesinatos de los 185 registrados en el mundo. Más del 40% de esos casos estaban relacionados con la defensa de la tierra, el medioambiente y las poblaciones indígenas.

Los conflictos territoriales y los índices de violencia contra los defensores del agua, los bosques, los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos se han multiplicado a la par de la expansión de las actividades extractivas. Oxfam alerta que esos grupos “son marginados, perseguidos, agredidos y criminalizados por defender su derecho a la tierra y por resistirse a actividades que atentan contra sus medios de vida, su salud y su entorno”.

El asesinato de la líder Berta Cáceres en Honduras, ocurrido el primer semestre de 2016, expuso la extrema vulnerabilidad de las líderes campesinas.

8. Investigar la captura política. Ese uno de los principales retos periodísticos que se desprende del informe de Oxfam. La ONG define la captura política como el sometimiento de los gobiernos por determinados grupos políticos y económicos, en detrimento del interés general. Ese “secuestro de la democracia”, plantea Oxfam, significa que las élites se han hecho con el control de las instituciones democráticas para asegurar que las políticas les favorezcan y obtener así la mayor cantidad de beneficios que les sean posibles.

“Es un fenómeno preocupante porque refuerza el poder de las élites, debilita las instituciones públicas y genera mayor desigualdad”, se lee del informe.

Para revelar cómo se presenta la captura política, los periodistas pueden encontrar pistas entre los financiadores de los partidos y las campañas políticas, los grupos que hacen lobby y los poderes detrás de los medios de comunicación.