Foto: Aleix Cortés, Flickr

La Fundación Civio, ganadora del Premio Gabo en categoría Innovación con la investigación Medicamentalia, acaba de publicar ¿Quién cobra la obra?, una radiografía sin precedentes de la adjudicación de las obras civiles en España. Los primeros resultados muestran que, como en Latinoamérica, en ese país la contratación estatal está concentrada: durante los últimos siete años, 10 firmas megaconstructoras estuvieron presentes en 7 de cada 10 euros adjudicados.

¿Quién cobra la obra? es el resultado de casi dos años de trabajo de ocho personas, entre periodistas, desarrolladores web y un diseñador. Además, de la colaboración de un sinnúmero de profesionales de distintas disciplinas en la búsqueda de información e interpretación de los contratos. Todo ese esfuerzo colectivo ha servido para darle rostro a los constructores que, entre 2009 y 2015, obtuvieron 28.830 millones de euros de los 38.828 millones adjudicados.

Esta nueva investigación de Civio, financiada por 250 personas a través de la plataforma de crowdfunding Goteo, es también un ejercicio de transparencia, porque sus ingenieros desarrollaron un buscador para facilitarle al ciudadano la navegación de los 8.058 contratos.

Entrevistamos a Javier de Vega, uno de los periodistas que trabajó en ¿Quién cobra la obra?, para que nos contara cuáles fueron los obstáculos que él y sus compañeros enfrentaron al realizar esta investigación. Vega también compartió algunos consejos para los periodistas que quieran darle nombre y apellido a los contratistas estatales.

¿Cuáles son las conclusiones más importantes que deja esta primera radiografía de la contratación de obras civiles en España?

Lo que hemos hecho con ¿Quién cobra la obra? es analizar por primera vez todos los contratos de obra pública publicados en el BOE (la gaceta oficial en España) entre 2009 y 2015. Son 8.058 y suman 38.828 millones de euros. El objetivo era extraer conclusiones y buscar una primera cifra, inédita hasta ahora en España: el total recibido por cada constructora en contratos públicos. Debido a que en este país la dispersión de fuentes de información hace imposible en la práctica acceder a todos los contratos, hemos hecho la mejor aproximación posible: no tenemos todos los contratos, pero sí están los más relevantes por cuantía y abarcan a organismos autonómicos y locales, no solo a ministerios.

Así hemos podido demostrar que, de los 38.828 millones totales adjudicados desde 2009, más de 9.600 (un 25%) fueron adjudicados de forma directa a alguno de los 10 grandes grupos constructores: ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr, Isolux Corsán, Villar Mir, Comsa, Copisa y Grupo Sando. Si sumamos a esa cifra el importe concedido a Uniones Temporales de Empresas (UTE) de las que alguno de estos 10 grupos forma parte, el porcentaje sube a más de un 74%. Esto es, las 10 grandes estuvieron presentes en 7 de cada 10 euros de las adjudicaciones de obra o, lo que es lo mismo -aunque sea mucho más difícil de abarcar- en 28.830 millones del total de 38.828.

¿Quién cobra la obra? tiene detrás varios meses de trabajo periodístico e informático debido al volumen de información analizada, ¿qué tan común es en España este tipo de trabajos?

En España este tipo de periodismo, dedicando tantos meses a un solo tema y extrayendo tal cantidad de información, es prácticamente inexistente. Cuando se hace periodismo de datos, la mayoría de las investigaciones se ciñen a tablas no muy grandes de información que ya existían (que no hay que generar de cero), y que no exigen un tratamiento informático avanzado ni en su extracción, ni en su limpieza ni en su análisis.

Si nos ceñimos a la contratación pública, la respuesta es clara: nunca se había hecho una investigación periodística sistemática de estos contratos. En cierto modo, es comprensible. El establecimiento de una metodología rigurosa, la extracción de datos, su análisis, supone una labor inédita en nuestro país, que no se caracteriza por facilitar el trabajo a los periodistas en cuanto a datos de calidad se refiere.

En cuanto a la metodología de trabajo, ustedes cuentan que tuvieron que dedicar más esfuerzos de los esperados en el procesamiento de los datos. Además de ese obstáculo, ¿con cuáles otros se encontraron?

La mala calidad de los datos sobre contratación nos ha obligado a dedicar muchos más esfuerzos de los planeados -sobre todo en la limpieza y consolidación de la información- y a publicar mucho más tarde de lo prometido.

El segundo gran obstáculo ha sido la opacidad del reparto societario de las empresas que participan en contrato de obra pública constituyéndose en UTE (unión temporal de empresas). Es decir, no podemos saber si se ha adjudicado un contrato de un millón de euros a una UTE de tres empresas, cuánto se ha llevado cada una. La Agencia Tributaria nos ha denegado el acceso a esta información argumentando que son datos fiscales con “carácter reservado”.

¿Cómo ha sido la recepción inicial del proyecto? ¿Quiénes han mostrado más interés en navegar las historias y la base de datos de contratos?

La recepción ha sido muy positiva. Hemos detectado mucho interés entre el público general, entre periodistas que utilizan la información de nuestro buscador para elaborar sus propias historias con enfoque local, e incluso entre profesionales del sector público. Varios cargos públicos han difundido el proyecto como ejemplo de cómo poner a disposición de cualquier ciudadano grandes cantidades de información sobre la adjudicación de los contratos públicos. Creemos que es una labor que debería realizar la propia administración.

Para financiar ¿Quién cobra la obra?, Civio recurrió al crowdfunding y recaudó 8.530 euros. ¿Ese fue el costo total de esta primera investigación o terminó siendo superior?

El costo, tanto en tiempo como en recursos invertidos, ha sido mucho mayor que lo recaudado durante la campaña de crowdfunding. Afortunadamente, en Civio tenemos una comunidad de cómplices (socios) que contribuyen con una donación mensual para que podamos hacer investigaciones como esta. Trabajos así son muy difíciles de financiar para una organización periodística pequeña como la nuestra, pero a la larga merecen la pena y pueden producir cambios que repercuten en beneficio de todos.

¿Quién cobra la obra? analiza un periodo específico de contratación: 2009-2015. ¿Continuarán analizando periódicamente la contratación de obras civiles?

Nuestra prioridad es investigar ahora la base de datos que hemos conformado cubriendo ese periodo. Queremos identificar “banderas rojas’”, es decir, indicios de que un proceso de adjudicación de una obra pública se ha podido producir con irregularidades. No obstante, todas las investigaciones que realizamos están “vivas”, es decir, que las actualizamos cada vez que tenemos los datos. Por eso, es muy probable que vayamos actualizando también ¿Quién cobra la obra? Es la única forma de que un proyecto periodístico así mantenga su vigencia en el tiempo.

Uno de los principales retos del periodismo al investigar y denunciar la captura del Estado es entender los presupuestos y la contratación pública, y Civio ha comenzado a dictar talleres para periodistas sobre estos temas. ¿Qué tanto desconocimiento han encontrado en los talleres?

Uno de los talleres que hemos realizado muy recientemente ha sido para ayudar a periodistas a entender algo tan fundamental como los presupuestos públicos de una administración. Hemos formado hace poco a una treintena de periodistas para encontrar historias periodísticas en la información presupuestaria.

Hemos visto en algunas ocasiones que, en la búsqueda de un titular llamativo, se producen errores frecuentes (desde malinterpretar las competencias que tienen transferidas las Comunidades Autónomas a confundir el código de identificación de una partida -un número con una letra- con la cantidad de dinero que trae asociada), incluso en medios especializados en información económica.

¿Qué pasos iniciales le recomienda el equipo de Civio a los periodistas iberoamericanos interesados en bucear los contratos públicos de sus países para comenzar a investigar y escribir historias?

Les recomendaríamos que siguieran los mismos pasos que nosotros. El primero, sumergirse y conocer a fondo toda la normativa aplicable y hablar con expertos en este terreno para identificar los principales interrogantes. Es algo que puede ahorrar mucho tiempo. Después, analizar muy bien las fuentes de datos: saber qué información recogen y cuál se puede quedar fuera. En estos pasos iniciales, es fundamental conocer bien la “letra pequeña” de la contratación pública para poder informar después con honestidad.

¿Qué herramientas tecnológicas son básicas en este proceso?

Para el desarrollo de la aplicación web que muestra los contratos públicos hemos utilizado PostgreSQL, Ruby on Rails y Bootstrap. Las visualizaciones han sido realizadas con D3.js. El código fuente que hemos desarrollado está a disposición de cualquiera en nuestro repositorio en GitHub.